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Autor: Aitana Veloz *

La pandemia ha dejado secuelas en una sociedad que ya tenía disparidades sociales y brechas casi imposibles de cerrar. En este panorama, los niños, niñas y adolescentes (NNA) se han visto especialmente afectados. Se estima que, en la región, entre 100 y 300 mil NNA han suspendido indefinidamente sus estudios para ingresar al mercado laboral. En Ecuador, alrededor de 420.000 menores trabajaban en 2020, una situación más aguda para los niños indígenas y afrodescendientes. Su vulnerabilidad aumenta con el incremento de la incidencia de la pobreza, que en la población infantil de la región podría alcanzar 51,3% por efecto de la covid-19. Eso, sin contar, con el abuso a la que se ven sometidos de manera generalizada.

World Vision Ecuador ha publicado un diagnóstico multidimensional de la situación de los NNA en el marco de la pandemia. Sus principales resultados revelan que, a partir del impacto sanitario, ha quedado al descubierto la desprotección a la que se enfrentan los NNA, en términos de la garantía de sus derechos humanos. En Ecuador, se registró una disminución del presupuesto general de dos sectores fundamentales para el adecuado desarrollo de las capacidades de los NNA: salud y educación.

De acuerdo con información divulgada por el Ministerio de Finanzas, a diciembre de 2020, el presupuesto del Ministerio de Salud disminuyó en $ 226’595.421,30, en contraste con el año 2019, mientras que, para el caso del Ministerio de Educación, se verifica una reducción de USD 335’156.549,79.

A pesar que los NNA no son considerados como un grupo de riesgo de la covid-19, es innegable que la pandemia puede afectar su calidad de vida y tener repercusiones desastrosas para la nueva generación creciente. La crisis de desempleo, subempleo e informalidad, así como el índice de pobreza y pobreza extrema, afectan negativamente a los NNA más vulnerables que habitan las zonas rurales y las periferias. Los datos muestran que la pobreza en el sector rural es 2,4 veces mayor que en el sector urbano, y la pobreza extrema es 4,5 veces más alta.

TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE, UNA REALIDAD QUE SE PROFUNDIZA EN ÁREAS RURALES         

La persistencia del trabajo infantil por falencias estructurales y profundizada por efecto de la crisis sanitaria pone en riesgo el cumplimiento de la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que proyectan que en el 2025 se erradique de raíz al trabajo infantil en todas sus formas. A esto se le suma la normativa del Sistema de Protección y Equidad para atención a NNA, en donde se estipula expresamente la protección especial contra la explotación laboral o económica y la prohibición expresa del trabajo para menores de 15 años.

Una de las mayores causas de esta problemática es la deserción académica temprana, siendo extremadamente común ya que los niños abandonan sus estudios para laborar, con el objetivo de colaborar en sus economías familiares. Lo que está detrás de esta realidad es la necesidad de supervivencia, una calidad de vida deplorable e ingresos menores al salario básico unificado, que resultan insuficientes para equiparar la canasta familiar. En ese sentido, se posterga el cumplimiento de los derechos de los NNA, quienes se ven empujados a trabajar.

Esto va de la mano con la precariedad de las condiciones laborales, las altas tasas de empleo no adecuado y la baja cobertura de la seguridad social para los padres de familia, factores que propician el incremento del trabajo infantil. Para el año 2020, alrededor de 420.000 menores se encontraban en situación de trabajo infantil: 5,69% de niñas y niños de 5 a 14 años y 19,78% de adolescentes de 15 a 17 años.

El área rural y la población indígena y afrodescendiente muestran una mayor prevalencia del trabajo infantil, dado que son grupos que se han visto históricamente excluidos. La Unicef constata que en la población indígena de entre 5 y 14 años, el trabajo infantil llega a 26%, y en el caso de la población adolescente alcanza a 39%; mientras que, para la población afroecuatoriana entre 5 y 14 años, el trabajo infantil se sitúa en el 4%, y para los adolescentes afroecuatorianos es del 15%, para el caso ecuatoriano.

En cuanto a las ramas que más concentran esta problemática, el sector de la agricultura y ganadería registra una mayor mano de obra infantil y adolescente. Se evidencia que 3,47% de NNA se emplea en estas actividades, con una participación más alta de las niñas en comparación con los niños (Gráfico 1).

Gráfico 1

Trabajo infantil y adolescente por rama de actividad (%)

 

Estos rezagos son características claras de las zonas alejadas de la urbe cuyas tendencias se extrapolan a las dinámicas rurales mundiales, ya que, tal y como lo señala la OIT, de los 215 millones de niños que trabajan en todo el mundo, 129 millones son trabajadores agrícolas. A esto se le debe sumar el hecho de que la agricultura es uno de los tres sectores más peligrosos para trabajar a cualquier edad, y es aún más peligroso para los niños. Los datos muestran que cerca del 60% del trabajo infantil riesgoso está en la agricultura.

A este panorama se le debe añadir la dificultad para el levantamiento de datos en épocas de covid-19, lo que conllevaría a una invisibilización involuntaria de muchos otros casos de explotación laboral infantil, lo que impide a su vez la ejecución de política pública adecuada que merme la intensidad de esta problemática.

Es imperante una acción conjunta para invertir las tendencias de empleabilidad infantil (normalmente no remunerada, pues solo 1 de cada 5 niños que trabajan reciben una retribución monetaria), especialmente si se considera que el 2021 es el “Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil”.

Sin embargo, es evidente que todavía resta mucho que hacer, teniendo en cuenta que este problema es el resultado de las altas demandas de trabajo infantil a bajo costo desde la economía informal, lo que se perfila por fuera del alcance de regulación de la mayoría de las instituciones de control laboral y tributario, por lo que se dificulta su efectiva erradicación.

LOS NIÑOS ENFRENTAN LA POBREZA Y VIVIENDAS DEFICIENTES

Las cifras demuestran que un tercio de ecuatorianos es pobre y 9 de cada 100 son extremadamente pobres. Esta situación repercute directamente en el desarrollo cognitivo de los NNA. Según el BID, las estructuras de oportunidades se ven empobrecidas como efecto de una menor inversión en educación y salud que fungen como factores clave para el progreso humano y el efectivo ejercicio de derechos en la niñez y adolescencia, lo que su vez, tiene implicaciones en sus aspiraciones a futuro.

Los padres, como jefes del hogar, están sujetos a despidos intempestivos sin compensación, horas de trabajo excesivas, bajos salarios, e incluso falta de remuneración. A 2021, en el Ecuador, 32% de la población vive con $ 2,80 diarios de ingresos. Con cada vez más pobreza a nivel agregado, los NNA como sujetos dependientes se ven extremadamente afectados.

En cifras, el porcentaje de menores de 17 años en hogares en situación de pobreza por ingreso en 2019 ya era mayor en 10 puntos porcentuales que el dato nacional para toda la población. En el área urbana, la pobreza incrementa en 6,2 puntos porcentuales y en el área rural en 4,4 puntos porcentuales, aunque los indicadores para este último son especialmente desfavorables. De manera similar, la pobreza extrema aumentó en el área urbana y rural, en 4,5 y 3,6 puntos porcentuales, respectivamente (Gráficos 1 y 2).

Gráfico 2

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza (2019-2020)

 

Gráfico 3

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza extrema (2019-2020)


 

Ahora, en cuanto a las condiciones de vivienda, se toma en cuenta al hacinamiento (vivienda con más de 2 personas por dormitorio) como un factor de riesgo que afecta la convivencia de los miembros del hogar, especialmente de los NNA. En ese sentido, a nivel mundial, 1 de cada 3 niños que proviene de familias de bajos ingresos habita en viviendas superpobladas, con tasas más elevadas en las familias monoparentales. En el caso de Ecuador, 35,5 % de menores de 17 años viven en condiciones de hacinamiento; 40 % en el área rural y 33 % en el área urbana, según el INEC.

El análisis de los espacios cotidianos es relevante ya que la falta de una vivienda digna repercute en los niveles de comodidad para sus actividades de esparcimiento, lo que vuelve particularmente importante en un contexto de pandemia, donde las medidas de confinamiento obligan a los NNA permanecer todo el día en sus hogares.

Según la CEPAL, los niños tienen 44% más de probabilidad que un adulto de vivir en condiciones habitacionales deficitarias, dado que 30% de los infantes viven en situación de precariedad habitacional grave, frente a un 17% de adultos. Estos conflictos de habitabilidad están estrechamente vinculados con otras condiciones desfavorables: falta de agua potable y un adecuado saneamiento, así como otros servicios básicos que indicen negativamente en la salud física y mental de los NNA, por lo que se diría que se encuentran desprotegidos, incluso puertas adentro de su hogar.

Para evitar que el impacto de la emergencia sanitaria recrudezca las condiciones de vida de los grupos menos favorecidos, el aparato estatal ecuatoriano instauró un bono de protección familiar, el cual se basa en una transferencia de $ 120 por una única vez, destinado a hogares que viven de manera comprobada en situaciones de pobreza y cuyos ingresos provengan del sector informal. Esto favoreció a los NNA más vulnerables, dado que las familias con menores tienen mayor probabilidad de estar subempleadas y de tener miembros que no han podido ingresar al mercado laboral.

A lo largo del 2020, esta transferencia monetaria fue implementada en dos fases: a 550.000 y 400.000 beneficiarios, respectivamente. Para el año 2021, el pago del bono inició en el mes de febrero para 480.000 familias, según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). No obstante, esta medida no equipara completamente los efectos de la pandemia sobre los hogares más pobres, ya que excluye a quienes ya constan en el Registro Social. En ese caso, deberían evaluarse otros programas para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

ABUSO Y VIOLENCIA, OTROS FACTORES DE RIESGO PARA LOS NIÑOS

Las situaciones antes descritas conllevan una mayor propensión a situaciones de abuso. Los NNA más vulnerables son quienes se encuentran en las familias más pobres, con menor educación y residiendo en las zonas rurales. En ese sentido, los castigos, especialmente físicos, son muy comunes en estos hogares, incluso durante los primeros cinco años de vida, lo que va de la mano con la violencia psicológica como práctica de crianza habitual.

A nivel mundial, cerca de 300 millones de niños, de 2 a 4 años de edad, constantemente se ven sometidos a castigos violentos a manos de los encargados de su cuidado, según la OMS. En una encuesta realizada en la región, 27% comentó que sufre violencia en el hogar, incluidos castigos corporales y maltratos psicológicos, y 66% habló sobre formas de violencia diarias, cuando se indagó sobre sus situaciones durante la pandemia.

Estas cifras solo reflejan una realidad a la que no se le ha dado la debida atención. De acuerdo con World Vision, a nivel mundial 1 de cada 2 menores de 2 a 17 años de edad es víctima de algún tipo de violencia. Esta exposición que persiste en la cotidianeidad, resulta una afectación grave a la integrad física y mental de los niños, lo que los vuelve más propensos a desarrollar trastornos mentales y de ansiedad, así como abusar del alcohol y las drogas, y contraer enfermedades crónicas o de transmisión sexual por prácticas sexuales de riesgo; o tener un mal aprovechamiento escolar y mayor participación en actos de violencia y delincuencia.

En el caso ecuatoriano, según datos del INEC, 51% de niños de 1 a 5 años sufrió maltrato físico, con una mayor incidencia en el sector rural, con 51,78 %; así mismo, 47,3% sufrió alguna forma de maltrato psicológico, sin mayores diferencias entre el área urbana y rural (Gráfico 4).

Gráfico 4

Porcentaje de niñas, niños menores de 5 años que han sufrido maltrato físico y psicológico

 

Otra forma de violencia que atenta severamente contra la integridad de los NNA es la violencia sexual.  Según la OMS, a nivel mundial se calcula que 120 millones de niñas han tenido algún tipo de contacto sexual en contra de su voluntad, antes de cumplir los 20 años, y, a nivel regional, se reporta que la mayoría de casos de violencia sexual han sido consumados por parte de familiares o de personas cercanas. En Ecuador, 65% de los casos de abuso sexual fueron perpetrados por personas de confianza, pero solo 1 de cada 4 niños y adolescentes reportaron los abusos sexuales.

En el contexto actual, se registró un incremento gradual de los casos de violencia sexual contra los NNA por efectos del confinamiento forzoso, pues convivían con sus agresores y no contaban con el sistema de denuncia en las instituciones educativas o servicios de salud más cercanos. Vivir encerrados con sus agresores, ha puesto en constante riesgo la vida de los menores, quienes callan por temor a que nos les crean, por falta de entendimiento de lo sucedido, o por amenazas explícitas.

Estas formas de violencia son recurrentes en los hogares más pobres y, sobre todo, en familias que han vivido otros tipos de violencia, como violencia de género, por lo que todas las prácticas de maltrato y abuso se terminan normalizando. Según Unicef, a nivel mundial, aproximadamente 1 de cada 4 niños menores de 5 años (cerca de 176 millones) vive en un hogar donde su madre es víctima de violencia de género. En el caso ecuatoriano, entre marzo y diciembre del 2020, en Ecuador se reportaron 79.946 llamadas al ECU 911 relacionadas con violencia intrafamiliar.

Esta constante violencia afecta a 1 cada 3 menores, a la par que 1 de cada 4 ha presenciado maltratos hacia sus madres de parte de sus parejas. En ese sentido, la violencia sistemática en contra de otros miembros del hogar constituye un factor de riesgo significativo para este grupo. Por tal motivo, se debe poner énfasis en estas dinámicas de abuso, pues en la violencia de género los NNA son víctimas directas e indirectas de maltratos, lo que perpetúa el círculo de violencia.

En cifras, el INEC revela que, para el 2019, 64,9% de las mujeres habría sufrido algún tipo de violencia: 56,9 % violencia psicológica, 32,7 % violencia sexual, 35,4 % violencia física y 16,4 % violencia patrimonial. De igual manera, más del 80 % de víctimas de violencia por parte de la pareja no denunciaron lo sucedido y menos de la mitad de las mujeres que sufrieron violencia le comentaron el hecho a un conocido de confianza (Gráfico 5).

Gráfico 5

Porcentaje de mujeres víctimas de violencia por parte de la pareja que no denunciaron o no contaron el hecho a un conocido

 

Estos datos tan graves y alarmantes permiten dimensionar, en parte, las cifras ocultas en materia de violencia en contra de las mujeres y su impacto en el bienestar de los NNA. Por sus repercusiones directas e indirectas resulta un tema de carácter urgente que se debe tratar para reducir las condiciones de violencia de miles de hogares a nivel nacional y regional.

En conclusión, la pandemia ha empeorado una situación crítica de por sí para millones de NNA a nivel regional y nacional, dado que el cierre de escuelas, la falta de acceso a la educación temprana, la ausencia de redes de apoyo y el incremento de la pobreza ponen en riesgo a este grupo particularmente vulnerable. El trabajo infantil, su explotación en cualquiera de sus formas, y los abusos de todo tipo a los que se ven sometidos los menores y sus allegados, transgreden los derechos constitucionales de los NNA, porque les niega el desarrollo de sus capacidades humanas, obstaculizan el cumplimiento de sus necesidades básicas y perpetúan un círculo vicioso que afecta, principalmente, a la población menos favorecida, que generalmente confluye en las zonas alejadas a la urbe.

 

(*) Analista económica Revista GESTIÓN.

 

 

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Last modified on 2021-06-23

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