La despenalización del aborto en casos de violación constituye un avance en la búsqueda de derechos de las mujeres, pero también responde a un problema de salud pública. En 2019 hubo más de 51 mil nacidos vivos de madres adolescentes, de los cuales, cerca de 2.000 corresponden a adolescentes menores de 14 años.
La tarde del miércoles 28 de abril la Corte Constitucional aprobó la despenalización del aborto en caso de violación. La decisión fue aprobada con siete votos a favor y dos en contra, luego de siete demandas de inconstitucionalidad interpuestas por colectivos y grupos defensores de los derechos de las mujeres.
Este hecho significaría un hito para el Ecuador por las inmensurables consecuencias físicas, emocionales y sociales que cargan las mujeres que han sido violentadas, así como los costos que deja para el Estado y para la economía en su conjunto.
Alejandra Santillana Ortiz, investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos y del Observatorio del Cambio Rural y parte de Ruda Colectiva Feminista, señala a GESTIÓN que lo logrado “es un mínimo, no es suficiente, tenemos que seguir apuntando a la despenalización total del aborto. […] Es fundamental en términos de la creación de la jurisprudencia por parte de la Corte Constitucional como un precedente con relación a elementos que han violado sistemáticamente los DDHH y que están contemplados en el COIP”.
Un comunicado de ONU Mujeres, ante la resolución de la Corte, señala que esta decisión es un paso del Estado ecuatoriano en la garantía de los derechos de las mujeres y las niñas, considerando que Ecuador es el tercer país de la región con la tasa más alta de embarazo adolescente, pues cada día en el país se producen cinco partos de niñas gestantes entre 10 y 14 años y que, de acuerdo con la normativa vigente, todos estos embarazos serían consecuencia de violación.
LUEGO DE 7 DEMANDAS DE INCONSTITUCIONALIDAD SE MODIFICÓ EL ARTÍCULO 150 DEL COIP
La Constitución de la República establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, democrático, soberano, unitario, independiente, plurinacional y laico, que garantiza el acceso a la salud, educación y seguridad social, como derechos fundamentales, además de la atención prioritaria a niñas y adolescentes.
Teniendo ello en consideración, las demandas de los colectivos sociales, según consta en la sentencia de la Corte, se sustentaban en que la legislación ecuatoriana no acata las recomendaciones de la ONU sobre los derechos de las mujeres a decidir si continúan o interrumpen un embarazo producto de una violación, sin importar su condición.
Sin embargo, esta lucha no es reciente. Santillana cuenta que hacia mediados de los años 2000 ya había algunos espacios en los que se había levantado la discusión sobre la despenalización del aborto en todas las causales y se hizo una colación por la despenalización del aborto. En el 2007, varias organizaciones de mujeres y feministas presentaron algunas propuestas ante la Asamblea Constituyente.
Santillana explica que, por ejemplo, en la Constitución no hay un artículo específico sobre el tema de aborto ni maternidad, pero sí hay una idea de que el Estado ecuatoriano garantizará la vida desde la concepción. “Esa idea de concepción es una idea religiosa y contradice el carácter laico por el que estábamos peleando en ese momento en la Asamblea”. Pero los grupos antiderechos fueron más visibles. “En Montecristi se planteó la discusión en todas las mesas de las comisiones, en ese momento el aborto clandestino e ilegal era la segunda causa de muerte materna y planteamos todas las implicaciones que tiene en términos de salud pública, de seguridad pública y de derechos de las mujeres. A pesar de todo este despliegue, se decidió que esto no era un debate importante”, comenta Santillana.
Nuevamente, en los años del correísmo, en el 2011, se empieza a discutir el Código Integral Penal (COIP). En ese momento, muchas organizaciones llegan a un acuerdo sobre cinco puntos que las juntaban: la trata, las tipificaciones de las violencias de género, la discusión del aborto, el terrorismo, sabotaje y rebelión, y la criminalización y judicialización de la protesta. Pero tampoco se dio paso, pues Correa condicionó su permanencia en el cargo si se despenalizaba el aborto, poniendo sus creencias e ideología por delante de un problema de salud pública, indica Santillana.
La experta cuenta que a partir de la rediscusión de aborto en Argentina hacia el año 2017-2018, hubo un eco por América Latina y el Ecuador se sumó a este eco y en septiembre de 2018 salieron a movilizarse.
La demanda ante la Corte Constitucional se presentó en julio de 2019 por algunos grupos sociales calificando de inconstitucionales los artículos 149 y 150 del COIP, según consta en los antecedentes de la sentencia. Luego, en noviembre de 2020, otras organizaciones y mujeres, por sus propios derechos, presentaron otra acción en contra del numeral 2 del artículo 150 del COIP, con solicitud de medidas cautelares. Estas denuncias de inconstitucionalidad se repitieron por muchos actores de la sociedad civil en siete ocasiones.
Las normas impugnadas establecían que:
(Art. 149) “La persona que haga abortar a una mujer que ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de uno a tres años. La mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause, será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”; y
(Art. 150) acerca del aborto no punible señala que el aborto será practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado frente a dos situaciones: 1. Si se pone en riesgo la vida o salud de la mujer embarazada; o 2. Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca discapacidad mental.
Finalmente, con la sentencia de la Corte se consiguió cambiar el numeral 2 del artículo 150 del COIP, el cual permite que no solo se aplique en casos de violación en mujeres que padecen de discapacidad mental, sino a cualquier mujer que tenga un embarazo por consecuencia de una violación.
¿Qué sucederá en caso de que los familiares de las víctimas sean sus propios agresores? La sentencia de la Corte estableció que: en caso de que las niñas y adolescentes no cuenten con autorización de su representante legal, las autoridades competentes proveerán mecanismos adecuados y confidenciales para que puedan realizar su denuncia, tener un examen médico, realizar la declaración jurada con el fin de poder ser asistida por un médico y contar con apoyo psicológico ante un embarazo no deseado producto de una violación.
LA NUEVA ASAMBLEA ANTE LA RESOLUCIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
“La Asamblea no tiene la potestad de negar la despenalización, pero sí tiene la posibilidad de discutir en el reglamento. Y esos son varios debates con relación al tema del reglamento. Toda mujer que dice haber sido violada debe tener acceso a ese derecho […] y no someternos a un proceso de revictimización y nueva violencia para demostrar si fue o no violada”, menciona Santillana.
El escenario político que viene es decisivo para el avance de los derechos humanos y la justicia social. Pero se muestra complicado y sin garantías, sobre todo en el Legislativo.
La experta explica la situación de cada bancada de cara al alcance de derechos de las mujeres. Por un lado, la bancada de UNES, que aunque hoy celebre la despenalización del aborto en casos de violación, fueron los responsables de que el COIP incluya penalización del aborto incluso en casos de violación en 2014. Además, se ha visto que siguen manteniendo una alta dependencia de Correa. Eso hace ver que UNES no necesariamente va a entrar con una discusión hiperconservadora, pero tampoco es una garantía porque ha demostrado que no ha roto con su pasado.
Por otro lado, está la segunda fuerza política, Pachakutik, que han demostrado un comportamiento complicado. Pues ha tenido una votación bastante conservadora en varios aspectos, no solamente en el tema de aborto, por lo que no hay garantía de que vote a favor de las mujeres, pues su comportamiento no ha sido homogéneo.
Para Santillana, la única fuerza que podría asumirse como más liberal sería la Izquierda Democrática, que aunque son empresariales y procapitalistas en los derechos económicos, son liberales en los derechos individuales. No obstante, “habría que ver si nuestros derechos son botín de negociación. Las bancadas pueden tranquilamente votar a cambio de algo más”.
DOS DE CADA 10 MUJERES QUE DAN A LUZ EN ECUADOR SON NIÑAS Y/O ADOLESCENTES
El embarazo en niñas y adolescentes es un problema social y de salud pública que evidencia la desigualdad, la injusticia social y la violación de los derechos humanos, dejando como consecuencia un impacto social, económico y cultural invalorable.
Las cifras registradas por el INEC del 2019 -publicadas en 2020- demuestran que en ese año hubo un total de 51.711 embarazos de madres menores a los 19 años. De ellos, 1.816 corresponde a madres de entre 10 y 14 años de edad y los otros 49.895 a madres de entre 15 y 19 años (Gráfico 1). Es decir, 18,1% de ese total son de embarazos de niñas y adolescentes, o dicho de otra manera, dos de cada 10 mujeres que dan a luz son niñas o adolescentes. Cabe mencionar que estos datos corresponden únicamente a los partos registrados, sin tomar en cuenta las interrupciones ilegales de embarazos no deseados bajo condiciones inseguras.
Gráfico 1
Nacidos vivos por grupo de edad de la madre en 2019
Esta situación, sin duda, es preocupante, pues el MSP asegura que ocho de cada 10 embarazos en adolescentes menores de 14 años son producto de violencia sexual. Y, en la mayoría de los casos, el agresor es alguien de su propio núcleo familiar. Además, en el COIP se presume violación siempre que existe una gestación antes de los 14 años.
Además, existe mayor riesgo de morir durante el embarazo, parto o posparto de hasta 4 veces más para las adolescentes menores a 15 años. De igual manera, corre riesgo la vida de los bebés en el embarazo. Esto se corrobora con los datos registrados por el INEC, que evidencian que una de las diez principales causas de morbilidad en los jóvenes de entre 12 y 17 años es el aborto espontáneo. En 2019 se registraron un total de 891 abortos espontáneos.
En tanto, la prevalencia de defunciones fetales, es decir de los fetos nacidos muertos, es la tercera más alta para las madres de entre 15 y 19 años. El 16,9% de las defunciones fetales corresponden a ese grupo, mientras que el 0,4% a niñas madres de entre 10 y 14 años.
Santillana señala que el plan de erradicación y prevención del embarazo adolescente adquirió un nuevo sentido cuando se volvió Plan Familia, donde la abstención se convirtió en la gran estrategia nacional para prevenir y erradicar el embarazo adolescente. “Con eso, Ecuador pasó a ser de los primeros países en América Latina con mayores niveles de embarazo adolescente, y si le sumamos que con el COIP se penaliza el aborto en todos los casos que no sean de discapacidad mental […], lo que tenemos es esta escalofriante cifra que arroja la campaña Niñas No Madres de 20 mil niñas que, producto de una violación, son obligadas a parir en el Ecuador”, añade la experta.
Gráfico 2
Defunciones fetales por grupos de edad de la madre
LA TASA DE MADRES NIÑAS Y ADOLESCENTES NO HA DEJADO DE CRECER DESDE 1990
La atención a esta problemática no ha sido atendida de manera eficaz, pues la tasa de embarazos adolescentes no ha dejado de crecer en el tiempo. La situación de hace 30 años es igual o mejor a la realidad encontrada actualmente. En 1990 la tasa de nacidos vivos de mujeres adolescentes de entre 10 y 14 años era de 1,1 embarazos por cada 1.000 mujeres en ese rango de edad, pero a 2019 la tasa se duplicó a 2,2 niñas de cada 1.000. En las madres adolescentes de entre 15 y 19 años la tasa ha decrecido, especialmente a partir de 2012 (Gráfico 3).
“No tenemos educación sexual, no hay institución de género, no se respeta el carácter laico, el plan de erradicación de embarazo adolescente está en manos de un antiderechos, el COIP incluye penalización por aborto, hay mujeres encarceladas; básicamente, lo que tenemos es un escenario de una violación sistemática de los derechos humanos contra las mujeres, niñas y adolescentes. Pero además un mecanismo de crueldad y tortura condenada por la misma ONU y varias organizaciones internacionales”, apunta la experta.
En 2015 se registraron 2.436 nacimientos de madres de 10 a 14 años, lo que corresponde a una tasa de natalidad de 3,1 nacimientos por cada 1.000 niñas de esa edad. Dicho en otros términos, en ese año, cada día aproximadamente 7 niñas menores de 14 años fueron madres. En tanto que 7,5% de embarazos en menores de 15 años terminaron en abortos.
Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) del 2012, 89,9% de las adolescentes menores a 15 años tuvieron su primera relación sexual con personas mayores a ellas: 9,1% de ellas con una persona mayor de 24 años, y de las madres adolescentes 7,5% mantuvo relaciones con una persona mayor de 30 años.
Sin embargo, apenas un tercio del total de niñas y adolescentes abusadas sexualmente han sido atendidas o recibieron alguna respuesta, reporta el MSP. La mayoría de las violaciones de menores de 14 años ocurren en su entorno familiar, educativo o en un entorno cercano a la víctima. Por ello, 40% de las niñas violentadas prefieren callar ya que a 28% de las que avisaron no les creyeron y al 16,3% les pidieron que no cuenten a nadie lo sucedido.
Gráfico 3
Tasa específica de nacidos vivos de mujeres de 10 a 14 años
ORELLANA Y MORONA SANTIAGO TIENEN LA TASA DE EMBARAZOS DE NIÑAS MÁS ALTA
El problema se vuelve más complejo cuando se trata de un elemento normalizado o invisibilizado en algunas sociedades. Una de cada dos niñas que fueron madres a los 14 años estaba casada o en unión, incluso las madres de 11 años, pues 42% de ellas estaba en la misma situación. Esta cifra evidencia la magnitud del problema en torno al matrimonio y uniones demasiado tempranas en el país.
Santillana, en la investigación “Factores cualitativos para explicar el embarazo adolescente en el Ecuador” que realizó junto a un equipo de investigación, descubrió que más allá de la entrega de métodos anticonceptivos, uno de los elementos centrales es que las niñas y adolescentes que están pasando por situaciones complejas en sus hogares tienen cero educación sexual, es un tema tabú al interior de sus casas, son hogares hiperconservadores y además viven violencia. Eso hace que muchas de las adolescentes huyan de sus casas embarazándose. Y otro elemento determinante es que no hay opciones para los y las jóvenes, y más si son de sectores populares, por lo que las adolescentes buscar integrarse a la sociedad mediante la maternidad.
Adicionalmente, la violencia sexual es un riesgo al que lamentablemente los niños, niñas y adolescentes del país también se enfrentan en su lugar de estudios. El 87% de los delitos sexuales en el sistema educativo nacional ha sido contra mujeres. De ellas, 23% son víctimas menores a 10 años, 44,3% entre los 10 y 14 años, y 31,1% entre 15 y 19 años.
Una investigación del embarazo adolescente en la Amazonia explica que el embarazo adolescente es el reflejo de la inequidad, la débil implementación de políticas intersectoriales de derechos sexuales y derechos reproductivos, el limitado acceso a servicios de salud que incluyen anticoncepción, y las relaciones de género y/o poder.
¿Quiénes son más vulnerables a esta situación? El MSP, con base en el estudio “Embarazo Adolescente y Pobreza en Ecuador”, identifica que las mujeres adolescentes de mayor riesgo son las de zonas urbanas y rurales de nivel socioeconómico bajo, que no tienen instrucción o tienen educación primaria incompleta, con pocos conocimientos sobre sexualidad y que no utilizan métodos anticonceptivos. Sin embargo, ni el embarazo en adolescentes ni la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes corresponde a un fenómeno exclusivo de los sectores socioeconómicos más vulnerables.
De la región Andina, Ecuador es el segundo país con más embarazos adolescentes, luego de Venezuela. A nivel provincial, el INEC reporta que la tasa de nacidos vivos de madres menores a 14 años es mayor en las provincias de Morona Santiago y Orellana, con 5,87 y 6,32 nacimientos de ese rango de edad por cada 1.000 habitantes, respectivamente (Gráfico 4). Mientras que los nacimientos entre 15 y 19 años son más recurrentes en varias provincias de la Amazonia y de la Costa ecuatoriana, siendo Morona Santiago (93,69 de cada 1.000) y Los Ríos (92,99 de cada 1.000) las que registran más embarazos adolescentes (Gráfico 5).
Todavía existen países donde el aborto está prohibido sin ninguna excepción. Ese es el caso de El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití, donde los códigos penales aplican medidas punitivas como la privación de libertad a todas las mujeres que aborten, incluso si se trata de un aborto involuntario. Pero en la mayoría de los países de América Latina existe una serie de causales -en unos más limitados que en otros- para permitir el aborto.
Gráfico 4
Tasa de nacidos vivos por provincia de adolescentes de 10 a 14 años
Gráfico 5
Tasa de nacidos vivos por provincia de adolescentes de 15 a 19 años
EL EMBARAZO ADOLESCENTE LE CUESTA $ 270 MILLONES AL AÑO AL ESTADO Y $ 728 MILLONES DE INGRESOS PERDIDOS A CAUSA DEL ABANDONO DE ESTUDIOS
Es obligación del Estado ecuatoriano garantizar la información sobre educación integral de la sexualidad, así como brindar acceso a los métodos anticonceptivos modernos que incluya métodos de larga duración y otros de emergencia, pues la evidencia mundial ha demostrado que la provisión de métodos anticonceptivos resulta una intervención efectiva en la reducción de embarazos no intencionados o de abortos inseguros.
Sin embargo, Santilla discrepa pues dice que la prevención y discusión del embarazo adolescente no es un problema solamente de entregar preservativos y hacer campañas, sino que “tiene que ver con romper imaginarios incrustados en nuestra vida y además superar las condiciones de desigualdad de las mujeres en los sectores populares”.
De todos modos, el gobierno es quien debe aplicar las políticas públicas necesarias para aliviar este peso que recae sobre las mujeres, principalmente, porque se trata de un problema de salud pública que limita el desarrollo del país y de su población, pero también por los costos económicos que deja.
“Mientras el Estado ecuatoriano no presente garantías de educación sexual integral y laica, educación para las propias familias, educación sobre todo a las mujeres de los sectores populares, para que tengan una opción distinta a la maternidad, lo que va a ocurrir es que se siga reproduciendo el patrón”, añade la experta.
El 44,3% de mujeres que se embarazaron entre los 15 y 24 años interrumpió sus estudios y no volvió a estudiar. Según el estudio de Costos de Omisión en Salud Sexual y Reproductiva en el 2015, 6.487 adolescentes abandonaron su educación por un embarazo. De ellos, más de la mitad (56%) estaba cursando en ese momento la educación básica, dejando un total de 36.871 años de escolaridad perdidos con una media de 5,8 años por mujer. La pérdida económica se traduce en ingresos que se habrían obtenido de no haber abandonado sus estudios antes de la educación superior; esta pérdida alcanza los $ 728,5 millones de dólares, según el MSP.
Unicef y Unfpa dieron a conocer en una investigación que los costos totales anuales generados por el embarazo adolescente y la maternidad temprana llegan alrededor de $ 270 millones, que equivaldría a 0,26% del PIB del Ecuador.
En el 2016, según el INEC, se registraron 1.102 abortos en adolescentes de 10 a 14 años y 20.632 en adolescentes de 15 a 19. Es decir que al año cerca de 22 mil niñas y adolescentes se practican abortos en condiciones deplorables y con temor a ser descubiertas ya que, bajo la normativa ecuatoriana, deberían ser privadas de su libertad. En muchos de estos casos las malas condiciones bajo las cuales se practican los abortos traen consecuencias graves, incluso la muerte, que es el peso más grande que debe asumir el Estado.
(*) Analista económica Revista Gestión.
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Last modified on 2021-05-10