¿Qué tan efectivo ha resultado que el Gobierno continúe con la burocratización de la lucha contra la corrupción? No hace falta ahondar mucho para saber la respuesta. Desde que se creó la Secretaría Anticorrupción adscrita a la Presidencia, en febrero de 2019, pocos son los resultados que muestran el valor de mantenerla. En un intento por revitalizarla, hace pocos días el nuevo secretario de esta dependencia ha anunciado que se recibirán las denuncias de forma digital, cuando en realidad la deuda de la corrupción pasa por los procesos judiciales no resueltos, la falta de leyes que la sancionen y la no recuperación de los capitales mal habidos.
Es claro que el Gobierno ha mal entendido (o no ha querido entender) que su papel en el combate contra la corrupción va mucho, pero mucho más allá, que gritarlo a los cuatro vientos. Esto considerando además que existen instituciones que ya tienen orgánicamente esta función, como la Contraloría y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es claro, entonces, que el intento político fue vender la idea de que se lucha contra la corrupción desde el Ejecutivo como una estrategia únicamente, lo que además es contradictorio porque precisamente el Gobierno debe ser objeto de escrutinio y se ha demostrado que su autorregulación no es el camino.
Si bien se ha intentado dar nuevos bríos a esta Secretaría, poco o nada se ha logrado. En un último esfuerzo por cambiar esta idea, José De la Gasca, el nuevo y tercer secretario Anticorrupción, presentó un formulario digital para registrar denuncias de casos de corrupción. La ciudadanía puede hacer estas denuncias de forma anónima o no desde la página web de la entidad proporcionando un correo electrónico. Además, ha ofrecido implementar unidades anticorrupción en las empresas públicas y hospitales y enfocarse en la educación para arrancar el problema “de raíz”.
Pero todo suena vacío. Cuando tras su posesión, en mayo de 2017, el presidente Moreno tomó como bandera la lucha contra la corrupción, sus niveles de aceptación superaban el 71%, una oportunidad de oro que no supo aprovechar y que se fue desgastando continuamente hasta perder todo sentido. Más aún cuando los mayores casos de corrupción han sido denunciados por la prensa y no por el Gobierno, que montó todo una aparataje y dirigió con tanta parafernalia este (des) propósito.
Eso sí, las autoridades han sido amigas de la prensa y sus denuncias mientras señalen a otros y no a ellos. Defensores de la libertad de expresión hasta que ellos son los investigados, ahí es cuando les deja de gustar y el saldo de la deuda con la democracia se hace cada vez más impagable. Cabe recordarles, entonces, que no porque la ciudadanía y los medios hayan sufrido los impactos de la década correísta, quiere decir que el Gobierno de Moreno se ha convertido en aliado, para nada. El poder es y debe ser permanente cuestionado, sin importar sus raíces.
De allí que se torna urgente que el Ejecutivo, si quiere dejar de hacer un papel mediocre en torno a la lucha contra la corrupción, evalúe su real alcance al respecto y más bien envíe un mensaje para revitalizar las organizaciones de la sociedad civil que tienen este propósito, pues de allí precisamente es de donde se espera provenga esta lucha. Es muy difícil que el Gobierno se denuncie así mismo, es una tarea que no ha llegado a ver la luz en el país. Ha habido intentos cortos que han dejado un mal sabor de boca, pero que no han llenado las expectativas ciudadanas.
¿Qué es lo que queda entonces? Primero, esperar que la justicia dé el ejemplo y sancione a quienes han cometido actos de corrupción comprobados. Si el sistema judicial es incapaz de cumplir su rol y mostrarse como el guardián de la democracia, ¿qué se puede esperar de cualquier otra esfera?
En segundo lugar, es preciso que el Gobierno reformule su política anticorrupción, deje de desgastarla más y empiece a hacer un ejercicio interno de depuración, es decir, demostrar que la limpieza empieza por casa. En tercer lugar está el rol de la ciudadanía, que hoy más que nunca debe activarse y recuperar la capacidad de escrutinio que le fue arrebatada durante el Gobierno de Rafael Correa. Esa desmovilización que fracturó a la sociedad civil no se esfuma del todo, las heridas y fisuras están por doquier, por lo que es lógico y esperable que rearmar un sistema ciudadano integral que luche contra la corrupción será una tarea titánica, pero es una tarea que no puede esperar más.
Last modified on 2020-02-04