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Autor: Revista Gestión

Otra consecuencia de la pandemia es la profundización del sector informal. A septiembre 2020, casi 50% de los trabajadores del país pertenecía a la informalidad. Según un estudio realizado en Quito por el Grupo FARO, la pandemia provocó estos trabajadores tengan que laborar 51 horas semanales en promedio para obtener $ 145 mensuales, cuando antes ganaban $ 250 trabajando 47 horas. La decadencia del empleo y la dificultad del sector productivo de absorber al capital humano impiden que esta realidad cambie.

El Grupo FARO presentó su estudio Una mirada al empleo informal en Quito en el cual se reflejan las duras condiciones que atraviesan los trabajadores informales y que se han profundizado con la pandemia. Lamentablemente, estas cifras no son actualizadas con periodicidad por parte de las instituciones públicas, por lo que hay una carencia de información en el tema. Por tanto, otros organismos son quienes levantan información en torno a la informalidad.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el empleo informal se refiere a cualquier trabajo que no se sujeta a la legislación laboral nacional, al impuesto sobre la renta, ni al derecho a la protección social y otros beneficios. Es decir, todas las personas que estén bajo esta condición no gozan de derechos laborales.

La emergencia sanitaria dejó, sin duda, mayores brechas a nivel socioeconómico y un deterioro del mercado laboral. A septiembre de 2020, el sector formal representaba 45,9% del mercado laboral del país. Mientras que el subempleo se incrementó y cubrió 48,6% del empleo (Gráfico 1). Los factores detrás de ello recaen en la contracción de todos los mercados, de la demanda agregada y, por ende, de la oferta. La economía se contrajo y con ello expulsó o desplazó a muchos trabajadores al desempleo o a la informalidad.

Frecuentemente se piensa que este trabajo ha sido escogido libremente por los ciudadanos. Sin embargo, los estudios del Grupo FARO demuestran que más bien están condicionados a la situación del país. El 84% de los comerciantes informales indica que sí cambiarían su trabajo por uno formal y la principal razón de su descontento -el 75% de ellos- es porque tienen ingresos muy bajos. Sin embargo, hay otros factores que causan disconformidad: el hecho de trabajar en la calle, la cantidad de horas de trabajo, la inestabilidad laboral y las pocas o nulas posibilidades de progresar.

No obstante, en un mercado laboral deteriorado y sin muchos recursos, la única opción es el trabajo informal, pues su condición no les permite obtener financiamiento de ninguna institución financiera. Apenas 2% de los comerciantes logró acceder a un crédito formal, otros han tenido que recurrir a sus ahorros o dinero de familiares (si hay la posibilidad), pedir “al chulco” o préstamos a terceros informales, pues 80% de los trabajadores informales indica que no cumple con los requisitos para solicitar un préstamo.

Por esta razón, 64% de los comerciantes informales no ha podido invertir más de $ 100 para iniciar su negocio. Y, por tanto, la mejora en sus ganancias es muy lenta.

Gráfico 1

Sectorización de la población con empleo a septiembre 2020

 

 

EL 30% DE LOS COMERCIANTES INFORMALES EN QUITO SON VENEZOLANOS

Con la continua migración de países vecinos, especialmente de venezolanos, se ha incrementado el comercio informal debido a la falta de documentos, pues 70% de los venezolanos residentes en el país no los tienen. Según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores, se calcula que 390 mil personas de nacionalidad venezolana han ingresado de manera regular. Aunque realmente se registran más de 410 mil venezolanos.

Con las dificultades que ha traído la emergencia sanitaria por la COVID-19, los datos que reporta el Grupo FARO muestran que más de 76% de los venezolanos está en situación de informalidad y solo 27% vive en condiciones de formalidad.

Sin embargo, desde una visión más amplia, 65% de los trabajadores informales son ecuatorianos, 30% son venezolanos, 3% son colombianos y, en menor porcentaje, están los trabajadores peruanos y cubanos (Gráfico 2). Esto indica que la informalidad es un problema que ya sufría el país incluso antes de la ola migratoria venezolana.

El problema está en que al haber incrementos migratorios hay más mano de obra en la economía, pero si no hay la suficiente capacidad productiva para absorberla, el mercado informal crece. La situación compleja que atraviesa el país actualmente ha provocado que la migración venezolana se reduzca y que incluso algunos hayan retornado a su país de origen.

Gráfico 2

Comerciantes informales según su nacionalidad

 

 

LOS TRABAJADORES INFORMALES DEBEN TRABAJAR MÁS PARA RECIBIR MENOS INGRESOS

A partir de la emergencia sanitaria, las condiciones socioeconómicas de la población han enfrentado mayores retos. Aun más para los trabajadores informales que no cuentan con un sueldo o salario fijo, sino que dependen de las ventas diarias. El resultado para ellos tras la pandemia fue un incremento en el promedio de horas de trabajo y una reducción del ingreso que perciben.

Como muestra la Tabla 1, antes de la pandemia, los comerciantes informales percibían diariamente ingresos entre $ 10 (en los días bajos) y $ 20 (en los días altos); ahora, con el coronavirus acechando, los ingresos promedios están entre $ 5 y $ 12 como máximo. De esta forma, según el estudio, el ingreso mensual de la familia de un comerciante informal es de apenas $ 300, es decir, solo pueden cubrir 42% de la canasta básica que cuesta $ 716,1.

Pero para llegar a esos ingresos también han tenido que laborar por más tiempo. Antes de la crisis destinaban un promedio de 47 horas a la semana, mientras que ahora deben trabajar 51 para alcanzar los $ 300 mensuales por familia o $ 145 por trabajador. Casi la mitad de ellos trabajan sin descanso, de lunes a domingo, y 37% de lunes a sábado. Es decir, estas personas no cuentan con muchos de los derechos contemplados en la ley.

Tabla 1

Mediana del ingreso diario antes y durante la emergencia sanitaria

 

 

Pese a la precariedad en la que se encuentran los trabajadores informales, más de 95% de ellos no recibe ningún apoyo estatal. Solo 1% ha accedido al Bono de Desarrollo Humano (BDH) y 5% al Bono de Protección Familiar otorgado por el gobierno en el marco de la pandemia.

Esta situación deja en entredicho la efectividad de esta política pública, puesto que no llega casi en absoluto a los trabajadores informales que son considerados población altamente vulnerable y aún más con el contexto actual. Desde antes se cuestionaba la estructura del BDH ya que hay problemas de distribución y acceso de estas transferencias, pues muchas personas que no deberían recibir lo reciben y otras que realmente necesitan no tienen acceso.

Gráfico 3

Porcentaje de trabajadores informales que acceden a alguna transferencia del gobierno

 

1 DE CADA 5 TRABAJADORES INFORMALES TIENE ESTUDIOS SUPERIORES

La realidad del sector informal deja una verdad cruda y es que pese a la preparación o educación que tenga la persona, no tiene asegurado un puesto de trabajo. El nivel de educación de los comerciantes informales no es carente, como se asume, sino que ha sido la falta de oportunidades laborales la que obliga a muchas personas a trabajar en este sector mal remunerado.

El estudio demuestra que 16% de los trabajadores informales cuenta con estudios superiores universitarios, el 3% con estudios superiores no universitarios y el 0,5% tiene estudios de postgrado (Gráfico 4). Es decir, uno de cada cinco trabajadores informales cuenta con la preparación suficiente para incorporarse al mercado laboral formal. Esto es trascendental, pues hay un alto porcentaje de capital humano que no está siendo utilizado productivamente.

Además, 42% de personas finalizaron sus estudios secundarios y también están preparadas para realizar distintas actividades del sector formal. Por tanto, esto demuestra que no es un tema netamente de capacidades sino de oportunidades.

Gráfico 4

Nivel de educación alcanzado por los trabajadores autónomos informales

 

 

LOS DESPLAZADOS DEL SECTOR FORMAL PROVIENEN DEL SECTOR PÚBLICO

Un factor determinante y muy preocupante tiene que ver con el sector y el tipo de institución del cual salieron previamente para incorporarse al sector informal. Se observa que del total de personas con un salario previo (la mitad de los trabajadores informales), 80% se encontraba laborando en una institución pública, en contraste con 10% que provenía del sector privado. Además, se identificó que de los trabajadores que trabajaron antes en el sector público, 57% va menos de tres años en el sector informal (Gráfico 5).

Estas cifras alarman porque indican que la reducción del personal del sector público no está siendo absorbida por el sector privado. El gobierno ha aplicado medidas de austeridad debido a la insostenibilidad fiscal, por lo que ha tratado de reducir su gasto corriente despidiendo a personas mediante la no renovación de contratos vencidos o la reducción salarial. Sin embargo, el sector productivo privado no ha tenido un buen desempeño en los últimos años y, por lo tanto, no ha podido ser el agente que absorba estos empleos.

Gráfico 5

Tiempo de permanencia y tipo de institución donde fue asalariado previamente

 

 

María Isabel Sánchez, coordinadora nacional de proyecto de la oficina de la OIT para países andinos, cree que se deben aplicar políticas públicas que encaminen hacia la formalización de manera integral. Indica que se deben contemplar al menos cuatro aspectos básicos: primero,  promover el crecimiento de las empresas y la productividad a todo nivel; segundo, velar por el cumplimiento de las normas, incluyendo el acceso a la información, las capacitaciones, la  simplificación de los trámites y el mejoramiento de los espacios de diálogo social; tercero, dotar de incentivos para que la empresas se vinculen al sector informal; y cuarto, un mejoramiento de las instituciones y los métodos de fiscalización para garantizar el cumplimiento de las normas.

Sin embargo, queda pendiente la ruta clara y establecida por los tomadores de políticas públicas para alcanzar una mayor tasa de formalidad. Se debe tener en cuenta que no todas las políticas han sido bien aplicadas, pues como demuestra el estudio, las transferencias del gobierno no han llegado a los trabajadores informales. Por tanto, las medidas deben estar bien focalizadas a la población que se dirige. Además, parte clave de este tema es la necesidad de incentivar al sector productivo, simplificar los procesos burocráticos para la obtención de permisos de funcionamiento y dar la posibilidad de financiamiento a los grupos vulnerables de la población.

 

Por: Karen Lucero, redacción Revista GESTIÓN.

 

 

 

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Last modified on 2020-12-10

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