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Autor: Consultora Multiplica

El primer desembolso del FMI por $ 2.000 de los $ 6.500 millones llegó el 2 de octubre, reactivando las cadenas de pagos. Hasta septiembre se estima que las obligaciones acumuladas bordearían los $ 4.400 millones. Para que el Gobierno pueda cerrar en su totalidad la brecha fiscal del 2020 ($ -8.303 millones) es necesario el segundo desembolso, aunque antes tendrá que pasar por la evaluación del cumplimiento de los compromisos con el FMI. Las reformas estructurales importantes se dejan para el 2021: la autonomía del BCE en enero/febrero de 2021 y la reforma tributaria para el siguiente septiembre. La reforma de la seguridad social y la reforma laboral serán discutidas con el nuevo gobierno.

EL PRIMER DESEMBOLSO DE $ 2.000 MILLONES DEL FMI RESTAURÓ LA CADENA DE PAGOS

Del Acuerdo Ampliado de Financiamiento (EFF) de $ 6.500 millones que se alcanzó con el FMI, llegó el primer desembolso el viernes 2 de octubre por $ 2.000 millones y está previsto que sea entregado en su totalidad en 27 meses. Estos recursos llegaron como agua en el desierto pues permitieron aliviar las tensiones acumuladas del Gobierno por atrasos en los pagos a empleados públicos, proveedores y jubilados, que alcanzaban los $3.800 millones hasta agosto.

El gobierno anunció que el destino de dichos recursos sería: pagar deudas pendientes, ampliar la ayuda social y reactivar el desarrollo económico del país. Por el momento, el primer desembolso sirvió para restaurar la cadena de pagos e iniciar la reactivación productiva. Hasta septiembre, se estima que las obligaciones acumuladas bordearían los $ 4.400 millones; tan solo en cinco días de recibido el financiamiento, el Gobierno hizo pagos de $ 800 millones.

Además, se destinará $ 100 millones a los maestros jubilados, con quienes hay un convenio de pago; se pagará también los sueldos de empleados públicos con atrasos de hasta dos meses; su cumplirá con las obligaciones al IESS y a los jubilados del seguro general; finalmente se realizará los desembolsos a municipios y juntas parroquiales, y se procederá con la devolución de impuestos.

En tanto, el Gobierno ecuatoriano sigue a la espera de recibir más recursos por parte de los organismos multilaterales en este 2020. Hasta diciembre de este año se esperan desembolsos del BID, Banco Mundial, CAF, entre otros, por un monto adicional de $ 3.357 millones (Cuadro 1). Asimismo, se espera un desembolso de China por $ 1.700 millones, gracias a la garantía que le da el FMI a China al mantener un seguimiento sobre la economía nacional.

Cuadro 1

Financiamiento comprometido en 2020 con multilaterales

 

¿CÓMO SE LLEGÓ AL ACUERDO DE $ 6.500 MILLONES CON EL FMI?

El monto acordado con el FMI es histórico, puesto que el Acuerdo EFF es el más alto de la historia del Ecuador y el más alto en términos relativos de entre todos los países de la región que han recibido apoyo del organismo. ¿Por qué?

Ecuador es el país más afectado de la región por la pandemia debido a la incapacidad del gobierno para responder oportunamente tanto por la falta de recursos como de liderazgo. Los ingresos del fisco cayeron casi 25% respecto al 2019, relacionado con el derrumbe del precio del petróleo debido a la disminución de la demanda a nivel mundial y la caída en la producción por la rotura de oleoductos. Además, los ingresos tributarios también se redujeron de sobremanera por el confinamiento obligatorio por varios meses, interrumpiendo las actividades económicas de la ciudadanía.

La respuesta del Gobierno ante la crisis sanitaria, económica y social alcanzó un máximo del 1,5% del PIB, contraste al promedio de la región que fue de 8% del PIB. Esto se debe a la rigidez de la dolarización para reaccionar y la falta de acceso a financiamiento.

El desempeño de la economía arrastraba una serie de dificultades, pues el gobierno de Rafael Correa sostenía una inversión pública gigante del 10% del PIB anual, mientras el promedio regional era 5%, al mismo tiempo que los precios de los commodities cayeron desde la segunda mitad del 2014, por lo que se requería cada vez de mayor financiamiento para sostener el nivel del Estado. Incluso se usó los fondos de ahorro interno junto con los fondos de la seguridad social, entre otros, dejando un gobierno sin capacidad de reacción ante externalidades como el coronavirus.

Ante la crítica situación del Ecuador, el FMI apoyó con la mayor cobertura posible, y también considerando que el gobierno no descuidó sus obligaciones crediticias aún con la coyuntura. Por lo que en julio el Ecuador obtuvo un desembolso RFI por $ 650 millones no reembolsables para enfrentar la pandemia. Luego, tras la aprobación del directorio del FMI, se firmó la Carta de Intención y un crédito por $ 6.500 millones. Este acuerdo se efectuará hasta el 2022 bajo las mismas condiciones anteriores, es decir, con cuatro años de gracia, una tasa de interés de 2,9% y un pazo de 10 años (Cuadro 2).

Cuadro 2

Características del acuerdo EFF con el FMI

 

LA SEVERIDAD DE LA PANDEMIA DETERIORA AL PIB EN UN 5,7%

La primera revisión de las metas alcanzables y los cambios estructurales será en diciembre. De ello dependerá el segundo desembolso y que así se pueda cerrar la brecha fiscal del 2020. Se ha puesto un piso para el resultado global del Gobierno Central de $ -5.095 millones, la parte cuantitativa se medirá por los depósitos del SPNF, con un piso de $ 589 millones; ambas metas se consideran posibles según las autoridades.

En las reformas estructurales se priorizarán las del calendario 2020. Entre algunas están las declaraciones patrimoniales de los empleados públicos para frenar la corrupción y las reformas a la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Pero el acuerdo se puede ir abajo si el gobierno se atrasa en pagos internacionales o el Banco Central le otorga crédito al fisco.

El gobierno hizo grandes esfuerzos para mejorar la situación en el presente y mediano plazo respecto del gasto presupuestario.

Por el lado de los gastos, dentro del recorte salarial en el sector público se redujeron las plazas de empleo, no se renovaron contratos, se cerraron empresas del Estado y se recortó la jornada laboral. Además, se recortó el gasto en bienes y servicios, se eliminó el subsidio a los combustibles con bandas de precios, se fusionó Petroamazonas y Petroecuador, se redujo el gasto de capital por $ 1.313 millones y otras reducciones por $ 66 millones, y se aumentó el gasto en atención COVID-19 con bono de alimentación y extensión del bono solidario por $ 800 millones. Mientras que los ingresos se deterioraron a lo presupuestado en $ -7.904 millones.

Por ello, aún con el recorte de gastos, la caída fue tan fuerte que quedó una diferencia no cubierta de $ -4.898 millones en las cuentas fiscales (Cuadro 3). Lo que equivale a un deterioro de -5,7% del PIB, resultado de la severidad con la que golpeó la pandemia. El financiamiento del FMI sería lo único que permita cerrar tal brecha fiscal.

Cuadro 3

Impacto final de la crisis del 2020 en Ecuador

 

LA POBREZA SE INCREMENTÓ EN 38% Y LA EXTREMA POBREZA EN 79% POR EL COVID-19

Los efectos de la fuerte crisis han sido devastadores en la economía del Ecuador, empujando a un deterioro del desarrollo social en un país donde de por sí la inequidad social es elevada y la cobertura de asistencia social es mínima. Según estimaciones de Unicef, se incorporarán 1,8 millones de personas más a la pobreza, alrededor de 450.000 familias. Esto aumentaría la pobreza de 27,2% a 37,6% en un año, así como la extrema pobreza subiría a 19,2% (Gráfico 1).

Este detrimento social implica un retroceso de bienestar y condiciones de vida de una década, como señala la Cepal. El gobierno ha destinado 1,5% del PIB a compensar de alguna manera a las personas más vulnerables. Se implementó la transferencia de $ 60 por el “Bono de Protección Familiar por Emergencia” con pagos para 400.000 familias que no estaban enroladas a ningún programa de asistencia social. Para junio, la asistencia se extendió a 550.000 familias; sin embargo, sigue siendo insuficiente tanto en el monto otorgado como en el alcance.

Por ello, el compromiso es incrementar el gasto social en $ 1.000 millones por año, según lo anunció el exministro Richard Martínez. El objetivo es llegar con ayuda directa del bono temporal a los más necesitados, pasando de 30% a 80% de familias en necesidad. Esta meta también será evaluada y consta en el Acuerdo con el FMI.

Gráfico 1

Impacto del COVID-19 en la incidencia de pobreza en Ecuador

 

LA CONSOLIDACIÓN FISCAL ES UN CLARO OBJETIVO PARA LOS AÑOS SUBSIGUIENTES

El Gobierno está poniendo todos sus esfuerzos en recuperar la sostenibilidad fiscal; sin embargo, el trabajo arduo le toca al próximo gobierno. Se busca, sobre todo, recortar el gasto presupuestario, redimensionando el tamaño del sector público y el monto de inversión pública para que esté acorde a la realidad del país.

El gasto del sector público está sobredimensionando en contraste con otros países de la región. Por ejemplo, el gasto anual en salarios del sector público de América Latina es de 7% del PIB, mientras en Ecuador es de 11%. De igual manera, en los ingresos tributarios como el IVA la tasa promedio de América del Sur está en 17%, cuando en Ecuador es 12%. Así como los ingresos del fisco a través del impuesto a la renta personal, corporativo y sobre bienes y servicios es 0,8% del PIB menos de lo que reciben los otros países.

Los objetivos para la consolidación fiscal que se ha planteado el Gobierno y que podría cumplirlos si sigue juiciosamente el plan de sostenibilidad son:

  1. Alcanzar un superávit global del SPNF de 0,6% en 2022.
  2. Alcanzar un déficit primario no petrolero (incluido subsidios combustibles) del SPNF de 1,6% en 2022.
  3. Alcanzar paulatinamente un ratio deuda sobre PIB por debajo del 57% en el 2025, como lo establece la ley (COPLAFIP).

De todos los temas que incluye el Acuerdo, la reforma tributaria es la que mayores rechazos ha generado. Puesto que los gremios políticos y sectores productivos piden una reactivación económica y no apoyan el incremento de impuestos. Para evitar politizar este tema, la reforma está propuesta para ser realizada en 2021, con el nuevo gobierno.

Las decisiones que se avizoran serán complejas ya que la reforma para la simplificación tributaria en 2021 contemplará decisiones como el incremento del IVA en 3 puntos, la eliminación de la devolución del IVA a ciudadanos de tercera edad, el impuesto a la renta sobre el decimotercer y decimocuarto sueldos, impuesto especial sobre la gasolina, entre otros (Cuadro 4).

Cuadro 4

Esquema básico simplificación tributaria en 2021

 

El gobierno debe buscar una manera de compensar la pérdida permanente de ingresos petroleros que aporta un 3,8% del PIB anualmente. Por tanto, deben reemplazarse con impuestos permanentes.

Para 2021 se prevé mayor dinamización de las actividades productivas y una mejoría del sector fiscal. El mayor impacto en la recuperación tendrá la reducción en el pago de intereses por $ -1.303 millones gracias a la reestructuración de la deuda con los tenedores de bonos en 2020. Además, habrá mayor recaudación tributaria como efecto de un mayor dinamismo económico.

En tanto, se espera que los gastos por COVID-19 también decrezcan para el siguiente año. Ese ahorro permitiría aumentar el gasto social y terminar con un resultado global en 2021 por $ 5.396 millones, equivalente al 6% del PIB en comparación con 2020 (Cuadro 5).

Cuadro 5

Situación fiscal 2021 vs 2020

 

El Programa con el FMI busca un nivel de consolidación fiscal de 5,5% entre 2000 y 2025. Sin embargo, se puede generar un impacto negativo en la demanda por la reducción salarial y de inversión, aunque se segura que se compensará con la mejora en las políticas que lleven a la sostenibilidad.

El año fiscal 2020 cerrará con un déficit de $ 8.300 millones que, para 2021, se reducirá a $ 2.900 millones. Las previsiones para los siguientes años son optimistas, pues se espera que desde el 2022 haya un ligero superávit fiscal. Si en 2022 el balance global llega a 0,6% del PIB positivo, la economía se enrumbará en el camino de la sostenibilidad de la deuda.

* MULTIPLICA es una compañía de consultoría e investigación, fundada en enero de 1994. Su objetivo central es llevar adelante investigación aplicada en las áreas empresariales, macroeconómicas, finanzas y desarrollo.

 

 

 

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Last modified on 2020-10-18

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