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Autor: María Fernanda Arauz *

Los 12 días de paralizaciones dejaron una huella en el país. La crisis no fue solo económica, salió a la luz una crisis social y, sobre todo, se reveló la debilidad institucional del Estado. ¿Qué medidas le tocará tomar al Ejecutivo tras derogar el Decreto 883 y ante un escenario que se muestra políticamente adverso?

En los 12 días de paralizaciones que vivió el país el pasado octubre se puede decir que la historia del Ecuador cambió. Inició con la emisión del Decreto Ejecutivo 883, que eliminaba el subsidio a los combustibles, un subsidio que es parte de los egresos de la economía por más de 40 años.

Primero, protestó el sector transportista y, hasta ese momento, se veía una pronta solución. Después, se acordó con ellos revisar las tarifas del pasaje – que le corresponde determinar a cada Municipio- y parecía que todo iba a quedar ahí. Más adelante, se sumaron los indígenas, los trabajadores, diversos sectores e incluso se afirmó que hubo infiltrados que buscaban desestabilizar el gobierno de Lenín Moreno. Una paralización que dejó pérdidas al país por $ 1.600 millones en el sector productivo. Fallecieron 8 personas, hubo 1.000 heridos, 435 policías agredidos y 1.192 detenidos.

Para comprender mejor el por qué el gobierno emitió el Decreto 883, se expone lo siguiente. Según las condiciones de un acuerdo de financiación de $ 4.200 millones firmado este año con el Fondo Monetario Internacional, el Presidente de la República debía introducir reformas a la legislación para que el Fondo continúe desembolsando sus próximos tramos de préstamos a bajo interés. Por tanto, requería alternativas para reducir el gasto y medidas para un mayor ingreso; por ello, la decisión de abandonar la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en enero resulta relevante. Ecuador es uno de los productores más pequeños de la organización y su objetivo era despedirse de la OPEP para aumentar los ingresos del petróleo, a través del diseño de una política de producción autónoma.

Según las proyecciones del Fondo, la economía ecuatoriana se contraerá este año un 0,5% y registrará un crecimiento de solo 0,5% en 2020. Sin embargo, el Decreto fue eliminado al optar por la paz del país, indicó el Ejecutivo, y al momento se redacta un nuevo documento con la mediación de la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

Dos analistas y un empresario cuentan su punto de vista, lo que consideran se debe hacer, lo que se perdió, el cómo recuperarse. Bernardo Traversari, gerente general de Sertecpet Ecuador, comenta que esta compañía privada, al igual que todas las empresas del sector, resultó afectada por el vandalismo. “Nuestros clientes suspendieron sus actividades, lo que generó costos adicionales, difíciles de recuperar en el tiempo”. Por tanto, la empresa trabaja de la mano con sus clientes para poder restablecer la actividad con normalidad y recuperar, dentro de lo posible, los tiempos perdidos.

Sobre la eliminación de los subsidios de los combustibles, da su punto de vista como empresario. Es una medida muy fuerte para la economía ecuatoriana, “durante 40 años la economía se ha acostumbrado a ello y terminarlo de un día para el otro, causa grandes impactos. Por tanto, es importante que el Gobierno evalúe y analice de manera cuidadosa y técnica cuáles serán los sectores más afectados para poder determinar una focalización compensatoria. Requieren ser revisados y realizar una reforma, transparentando los números. No es un tema de gobierno, es un tema de país, qué le conviene al país”.

Y después de una paralización y el desconcierto que se vive en el Ecuador, qué pasa con la inversión, otro tema que preocupa a los empresarios. Aquí, el gerente de Sertecpet Ecuador explica que la inestabilidad política y la incertidumbre que surgió cuando las protestas derivaron en actos vandálicos, afecta a la inversión. El esfuerzo debe ir encaminado a promocionar a un Ecuador diferente, la imagen está quebrada. Además, considera que para ser más atractiva la inversión al sector es fundamental enmarcar una política petrolera clara. “Es el momento que el Gobierno invite a todos los actores claves del Estado (líderes) y se diseñe el camino hacia donde queremos que vaya el país. Determinar una agenda de Estado”.

 

LO ECONÓMICO Y LO POLÍTICO

Santiago García, economista y catedrático de la Universidad Central, alerta al decir que el Ecuador durante 17 trimestres ha crecido apenas 0,4% (2015 al primer semestre de 2019) y un deterioro creciente de los principales indicadores sociales como pobreza y subempleo imponen la necesidad de encauzar la economía nacional, no desde posiciones maximalistas sino integradoras de varios intereses sociales alrededor de la reactivación económica.

“El Gobierno falló e improvisó en la defensa de las políticas frente a los movimientos sociales. No ha habido institucionalidad, el gobierno encerrado en sí mismo por el acuerdo con el FMI; la Asamblea con un trabajo que deja mucho que desear, que no ha podido organizarse internamente. Por tanto, la presencia del movimiento indígena no es ni extraordinariamente buena ni extraordinariamente mala. Hizo presencia para quedarse; puede haber resultados positivos -sin justificar los excesos- con una agenda importante. No se van a retirar de la mesa, van a seguir presionando frente a un gobierno débil”.   

Por tanto, propone tres grandes decisiones de política económica que deberían implementarse: la reactivación económica, a través de la recuperación de la inversión pública; el fortalecimiento de la red de protección social actualmente existente y una reforma laboral que combine cierta flexibilización, genere oportunidades a los jóvenes y emprendedores y facilite el acceso a la seguridad social. Considera, además, que sí es importante la eliminación de subsidios, pero de forma gradual, “una opción entre 0% y 100% hay que liberar; por ejemplo, el 30% y con ello tendríamos $ 500 millones, aproximadamente”.

Saudia Levoyer, analista política, también da sus directrices en un país que está acostumbrado a imponer su voluntad, afirma; “no se había visto una marcha como la que hubo desde antes del decenio 2007-2017; donde varios sectores- como los indígenas- fueron perseguidos. El Presidente de la República tuvo que derogar el decreto para que la gente se vaya, no había opción”.

¿Qué debe hacer el Ejecutivo, entonces?  Primero, trabajar en escenarios paralelos; es decir, que mientras negocia con los sectores sociales, ejecute un esquema de protección de la ciudad de Quito, que fue el centro de los ataques. Proteger, además, los lugares estratégicos a nivel nacional. Se debe identificar a los grupos subversivos y arrestarlos; ejecutar un plan para no permitir el ingreso a las ciudades, si hay un nuevo levantamiento y desbaratar a los grupos violentos, que salieron a la luz en las protestas. Es fundamental destinar recursos para seguridad.

Dos: transparentar las acciones. Los indígenas deben entender que hay que negociar, no imponer. El Gobierno cuenta con un arma poderosa que es el apoyo de la ONU y de la Conferencia Episcopal, organismos que pueden presionar- cuando sea necesario- a los sectores sociales. Y tres, se debe ejercer la ley. No tener miedo a hacerlo.

 

PRODUCCIÓN DE CRUDO

**Barriles

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**Ecuador, el 1 de octubre produjo 537.607 barriles y el 9 de octubre solo 223.214, es decir el 41,5% menos. El Gobierno estima que entre el 7 y el 13 de octubre se dejó de comercializar más de 2 millones de barriles, lo que generaría pérdidas que superan los $ 100 millones.

 

Fuentes: Ministerio de Energía/ Agencia Sputnik/ Diario El Universo / Diario El Comercio.

 

 (*) María Fernanda Arauz es periodista y también trabaja para Smart Lifting Solutions.

 

 

 

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Last modified on 2019-11-20

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