El imaginario del poder público es que la Amazonía es un territorio para extraer riquezas y no lo comprende como un territorio vivo con una gran diversidad cultural, natural y biológica. Y, lamentablemente, parece que aquel imaginario es el que ha primado en el proyecto de Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica que cursa en la Asamblea Nacional.
Por eso, una red de la iglesia Católica en el Oriente ecuatoriano se ha dirigido a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea para pedirle que se extienda mínimo a un año el proceso de debate de este proyecto, para que pueda darse una verdadera construcción y socialización.
La Red Amazónica de la Iglesia Católica, que busca defender la vida en la Amazonía y la de sus pueblos y nacionalidades, articula a las seis provincias y Vicariatos Apostólicos en la Amazonía Ecuatoriana (Sucumbíos, Aguarico, Napo, Puyo, Méndez y Zamora). En ella participan la jerarquía, el clero, y religiosos y religiosas que trabajan con las nacionalidades indígenas, y las propias comunidades.
Al pedido, dirigido a la Asamblea, se han sumado otras organizaciones como el Comité contra la Contaminación Ambiental de Sucumbíos (Cccas) y el Comité por un Ambiente de Vida Sano en Orellana (Cadvso).
Es que, para ellos, el proyecto no ha sido discutido ni se han generado los espacios suficientes de participación para aportar a su contenido. El proyecto de ley hace énfasis en la distribución de recursos financieros fruto de procesos de extracción de recursos naturales en la región (hidrocarburos, minería y monocultivo). En cambio, ni siquiera menciona de manera explícita los impactos socioambientales y la destrucción que se comprueba en las provincias que acogen estas actividades.
Piden que el proyecto de ley se convierta en una Ley de Régimen Especial y no siga como ley orgánica, que se limita a identificar derechos y obligaciones y en la que no se puede identificar “el aporte concreto en procedimientos, fiscalizaciones, seguimientos para la preservación y conservación ambiental del bioma amazónico, haciendo énfasis en sus especies nativas”.
El proyecto aparece, según la lectura de este colectivo, extremadamente general e, incluso, en algunos acápites, ambiguo, sin que quede claro qué aportaría este proyecto de ley a la Amazonía.
En efecto, dicen los peticionarios, “no observamos incentivos, ni la promoción a la construcción de un modelo de desarrollo alternativo que contribuya a la sustentabilidad en la región e integre aspectos culturales propios de los pueblos y nacionalidades que ahí habitan”. Tampoco encuentran “iniciativas sobre la protección del territorio y la garantía de los derechos a los Pueblos No Contactados Tagaeri-Taromenane”.
Tampoco se aprecian los mecanismos para la protección y manejo adecuado de los recursos hídricos y fuentes de agua, que garanticen su sustentabilidad y sienten que no están incluidas las opiniones y aportes de quienes hacen vida en la Amazonía. Están convencidos que el proyecto de ley fue escrito por personas ajenas al territorio.
INCLUSIÓN DE PROPUESTAS
Por todo ello, la Iglesia Católica solicita a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea que incorpore las propuestas hechas por el Cccas en la sesión ordinaria del 28 de junio de 2017.
Entre esas propuestas estuvo que se elimine la quema de los mecheros de gas asociado en los pozos petroleros y que este gas sea utilizado para uso doméstico y/o fuente de energía eléctrica de quienes habitan en los alrededores donde se encuentra el mechero, u otros beneficios.
La creación de un fondo de contingencia donde toda empresa pública o privada que extraiga recursos naturales de la región amazónica, aporte con 5% de su facturación anual para remediación ambiental, es otra de las propuestas.
Que se indemnice a las personas que tengan propiedades en los alrededores del lugar de explotación de recursos naturales con valores que deberán ser establecidos por un mecanismo creado por la ley, tomando en cuenta las diversas formas de contaminación, sea del aire por mecheros, de ruido por equipos, del agua y suelos u otros.
Proponen que, luego de un proceso de auditoría, monitoreo, y evaluación ambiental anual, se puedan dar sanciones o incentivos tributarios, de acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación, a las compañías que extraigan recursos naturales en territorio amazónico. Además, que a las empresas que sean reincidentes por tres años consecutivos en impactos negativos ambientales, se les suspenda retire la licencia de operación, según sea el caso.
El Cccas también propuso, y la Iglesia apoya, que no se dé paso a ningún tipo de explotación de recursos naturales sin la debida consulta y aceptación consensuada en asambleas ampliadas de las comunidades que podrían ser afectadas por dichas actividades.
En resumen, la red amazónica de la Iglesia, ha adoptado una posición respeto del proyecto, al que asegura que dará seguimiento, pidiendo, además, a los legisladores de las provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, se involucren en su discusión.
* Periodista, escritor, miembro de las academias de la Lengua y de Historia.
Twitter: @GonzaloOrtizID
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Last modified on 2017-12-15