Una comisión multipartidista de diez legisladores ecuatorianos, integrada este jueves y conformada en su mayoría por parlamentarios del partido oficialista Alianza País (AP), se encargará de viabilizar la implementación de dos de los siete cambios aprobados en la consulta popular del pasado 4 de febrero.
“Los legisladores César Litardo, Daniel Mendoza, Elizabeth Cabezas, Montgómery Sánchez, Ximena Peña”, todos de AP, junto con “Roberto Gómez (CREO), Fernando Burbano (CREO-SUMA), Encarnación Duchi (Pachakutik), Vicente Taiano (Partido Social Cristiano) y Guillermo Celi (SUMA) integran la comisión ocasional que trabajará en las normas legales para viabilizar el pronunciamiento de la ciudadanía”, informó la asamblea en un boletín.
En el texto se explica que esta delegación fue aprobada por con 84 votos afirmativos, uno negativo y 36 abstenciones.
Este grupo de asambleístas se encargará de coordinar la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), entidad autónoma encargada de receptar e investigar denuncias de corrupción en cargos públicos o casos que afecten al interés social en general, y de tramitar la derogatoria de la ley de plusvalía.
Ambas iniciativas fueron aprobadas en el referendo celebrado el 4 de febrero, donde se realizaron siete preguntas a la ciudadanía.
La pregunta tres se refería al cese de funciones de los actuales integrantes del CPCCS para dar paso a la selección de siete nuevos miembros, que serán escogidos entre las ternas que enviará el presidente Lenín Moreno al parlamento en los próximos días y que deberán ser integradas por ciudadanos sin antecedentes políticos y con una trayectoria intachable.
Este nuevo organismo será transitorio y estará en funciones hasta febrero de 2019, cuando se elegirá a los consejeros definitivos en elecciones generales.
Por su parte, la pregunta seis tenía que ver con la derogación de la ley de plusvalía, cuya eliminación deberá hacerse a través de un nuevo proyecto de ley que debe ser enviado por el Ejecutivo en menos de 30 días.
Otras iniciativas aprobadas, como la "muerte civil" (pérdida de los derechos políticos) por corrupción (pregunta uno) y la eliminación de la reelección indefinida (pregunta dos), entraron en vigencia el miércoles último pues no requieren de ningún cuerpo legal para su aplicación.
Lo mismo se ajusta a los otros cambios aprobados, como la no prescripción de los delitos sexuales contra niños (pregunta cuatro), la prohibición de minería metálica en zonas sensibles (pregunta cinco) y la reducción del área de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní (pregunta siete).
El pasado 4 de febrero, 13 millones de ecuatorianos votaron en la decimosegunda consulta popular del país y aprobaron las siete preguntas planteadas por el Ejecutivo con porcentajes que oscilan entre el 63 y el 73 por ciento. (Sputnik)