Los paraísos fiscales deterioran la equidad de los sistemas tributarios

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Los paraísos fiscales deterioran la equidad de los sistemas tributarios

Michelle Ordóñez*
Septiembre 12, 2017 - 17:27

Los paraísos fiscales y el sinnúmero de escándalos forjados en torno a ellos —los Panama Papers entre los más sonados en la actualidad— han puesto en evidencia cómo jugosas fortunas encuentran el ansiado alivio tributario en estas jurisdicciones. Según la organización internacional Tax Justice Network (TJN), al menos $ 21 billones de la riqueza financiera privada se refugian en estas jurisdicciones opacas, lo que equivale a la suma del tamaño de la economía de EEUU y Japón juntas.

 

La evasión fiscal, resultado de la migración de capitales hacia paraísos fiscales, atenta contra los sistemas tributarios, incrementando el esfuerzo fiscal que deben soportar los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Debido a que la mayoría de contribuyentes no tiene acceso a estas estructuras preferenciales, este fenómeno provoca el deterioro del efecto distributivo de los esquemas impositivos, así como la competencia imperfecta debido a los menores costes de las empresas que hacen uso de estas estructuras.

Por tanto, los paraísos fiscales implican pérdidas para las arcas fiscales por la no tributación de los capitales que logran fugarse a estas jurisdicciones al margen del control tributario, y esto a su vez, se traduce en menos recursos disponibles para la inversión del Estado en servicios públicos de calidad como salud, educación, infraestructura, entre otros.

Según las estimaciones de la organización internacional Tax Justice Network (TJN), al menos $ 21 billones de la riqueza financiera privada se refugian en estas jurisdicciones opacas, lo que equivale a la suma del tamaño de la economía de EEUU y Japón juntas.

Más grave aún es la afectación de la existencia de paraísos fiscales para los países en vías de desarrollo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha resaltado la necesidad de trabajar en medidas para incrementar el cumplimiento tributario porque este problema, afirman, afecta en mayor proporción a los países en vías de desarrollo que a los desarrollados.

La organización española Oxfam (2015) estima que los países en desarrollo pierden al menos $ 100.000 millones anuales por abusos fiscales de grandes transnacionales que desarrollan sus actividades económicas en estos territorios, pero que acceden a estas estructuras preferenciales en paraísos fiscales.

En el Ecuador, según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), 50% del capital social de los grandes contribuyentes viene del exterior, y de este monto, 70% es triangulado desde paraísos fiscales. Además, un estimado de $ 30.000 millones habría salido desde el Ecuador hacia estos países desde 1970.

Ley de Paraísos Fiscales: seis meses tienen los servidores para transferir fondos de estas jurisdicciones o renunciar

 

El pasado 8 de septiembre entró en vigencia la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2017” (Suplemento No. 75 del Registro Oficial) que efectiviza la prohibición para las personas que ostenten un cargo público, servidores públicos o que sean aspirantes a uno de estos cargos de tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales.

Los funcionarios tendrán hasta el 6 de marzo de 2018 para transferir sus fondos en estas jurisdicciones o renunciar a su cargo, y a la vez los que ingresen al sector público deberán presentar una declaración juramentada que determine que no cuenta con recursos en paraísos fiscales.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) será la entidad encargada de determinar el listado de jurisdicciones consideradas paraísos fiscales en base al cumplimiento de al menos dos de las siguientes condiciones:

1) Tasa efectiva de impuesto sobre la renta o impuestos similares inferior a 60% de la tasa aplicable en Ecuador, o si dicha tarifa es desconocida;

2)  Permiso para que el ejercicio de actividades económicas o financieras no se desarrollen sustancialmente dentro de la respectiva jurisdicción; y

3) Ausencia de un efectivo intercambio de información acerca de la propiedad de sociedades, propietarios legales y beneficiarios efectivos, registros contables fiables, información de cuentas bancarias, entre otros.

Esta normativa se impulsó con la Consulta Popular efectuada el pasado 19 de febrero, fue aprobada posteriormente como proyecto de ley por parte de la Asamblea Nacional el 6 de julio, la misma que finalmente se acogió a la objeción presidencial el pasado 24 de agosto de 2017.

De acuerdo con las cifras del SRI, del Ecuador se han fugado un total de $ 30.000 millones hacia paraísos fiscales desde 1970, lo que equivale a un tercio de la economía.

 

*Economista.